José Molina

"Desde que llegué a la presidencia sentí acoso permanente"

¿Tristeza o alegría al finalizar su mandato?

Pues las dos cosas. He sufrido demasiado, porque desde que llegué a la presidencia sentí un acoso permanente para que no pudiera liderar un cambio de una sociedad opaca a una transparente. El Gobierno regional resultante de unas elecciones que lo habían debilitado no podía consentir que esa bandera la portase una persona independiente. Eso me llevó a innumerables desencuentros con la consejera y con el propio presidente, que han recogido las hemerotecas. Nadie se puede imaginar lo que es sentirse presidiendo una institución y estar casi un año en la calle, sin una sede donde estar. He tenido que firmar expedientes y resoluciones con los consejeros funcionarios en la calle. Negocié con el Consejo Económico y Social que me dejasen instalarme provisionalmente y compartir espacios y la consejera interfirió en la negociación y lo prohibió. Al final terminamos en un reducido espacio al final del pasillo de un edificio. Hoy después de mucho batallar hemos conseguido una sede independiente. Y es que siempre tuve presente lo que me dijo Ester Arizmendi, la primera presidenta del Consejo de la Transparencia del Estado: No podemos entrar por la misma puerta de un edificio de los que tenemos que controlar. La independencia no es algo figurativo, hay que vivirla y sentirla. Ser independiente es la clave para presidir una institución de control.

Y alegría, porque a pesar de todos estos obstáculos ―que hasta me costaron un ictus y la pérdida de audición― he dejado en funcionamiento una institución con prestigio en la Región, con presencia en la Red de Presidentes y Comisionados de España, de la que he sido su decano estos años. He participado en congresos nacionales e internacionales representando al Consejo para que se conozcan sus proyectos sobre el Derecho a Saber.

Dos proyectos de los que me siento orgulloso son el proyecto IRIS para enseñar a la juventud la importancia de ejercer el derecho a saber y a entender, y la aplicación de los Índices de Transparencia por medio del programa MESTA para la evaluación de cómo se cumple con todas las exigencias que la Ley estatal y autonómica exigen para la publicidad activa. Están en marcha y espero que nadie lo pare.

Por otro lado, hemos resuelto 465 expedientes. Muchas de esas resoluciones levantaron ampollas y algunas han terminado en los tribunales. Los índices de participación deben aumentarse porque estamos lejos de la media nacional. El parón de las competencias con las Administraciones Locales ha sido una demostración de la incompetencia del Gobierno regional para solucionar una recomendación del Consejo Jurídico. El asunto terminó forzando la intervención del Defensor del Pueblo para demandar una solución, pero el Gobierno estaba tan nervioso que hasta me violó la correspondencia con él; esta cuestión está denunciada en la Fiscalía y pendiente de resolver la denuncia.

Finalizo mi mandato y deseo que la ciudadanía de esta Región reaccione, impulse su Derecho a Saber. Y que desde los municipios se active la rendición de cuentas como un impulso para vitalizar la democracia y la participación.

Ya en su toma de posesión dijo que había que reformar la Ley. ¿Cómo está el tema a día de hoy?

Es cierto. Dije que la Ley 12 (la llamada Ley Garre por ser impulsada por ese presidente) debía ser mejorada. No olvidemos que el impulso de la transparencia en esta región se realiza desde la ciudadanía con el Pacto por la Transparencia, formado por más de cuatrocientas personas e instituciones. Sus propuestas sirvieron para que en la Asamblea Regional se abriera un debate que los partidos de la oposición (PSOE e IU) apoyaron. La Ley Garre fue un buen paso, pero había que mejorarla. Ese paso se consiguió con la Ley 7/2016, pero quedaron cosas sin adaptarse bien a la ley básica del Estado. Así nos lo puso de manifiesto la Abogacía del Estado con un informe que se pidió para saber la capacidad de actuación sobre la gestión de los municipios. El conflicto interpretativo lo hemos dejado resuelto en el último Consejo en el que, de acuerdo con la Ley básica estatal, hemos asumido reactivar las competencias que nunca debimos de suspender. Fue por culpa de una consejera, secretaria general de la consejería de Presidencia y Transparencia, que abrió ese proceso nefasto que nos impidió actuar.

Con este desconcierto, el Grupo Ciudadanos quiso dar un paso impulsando un primer proyecto de ley a semejanza del que su grupo había presentado en el Congreso de los Diputados. Pero una vez que allí decayó, no tenía mucho sentido seguir con un proyecto regional en solitario. Ya lo han retirado varias veces y deberían escuchar la resolución del Consejo, que sobre este punto se ha pronunciado por unanimidad. No es deseable una ley en la que se mezclen muchos ámbitos de la gestión pública. Hay un consenso en la Red de Presidentes y Comisionados de Transparencia respecto a que precisamos una Ley de Transparencia con ese carácter especifico que desarrolle el Derecho a Saber, porque es un derecho fundamental que debe ir fortaleciéndose en su desarrollo constituyente. Una ley que fortalezca la independencia de los Consejos de Transparencia, que les dé facultades, medios y un régimen sancionador claro, específico y efectivo. En otros países funciona así. Con Consejos participativos, con incompatibilidades muy claras para los miembros que las presidan y con limitación a un mandato.

Nos deja con muchas ganas de preguntarle muchas más cosas. ¿Cuándo podemos seguir entrevistándole?

Estoy a vuestra disposición. Me incorporo de nuevo a la sociedad civil, para seguir impulsando la transparencia, la participación y los retos de esta reconstrucción de una nueva sociedad post covid-19. Así lo puse de manifiesto en mi comparecencia en la Asamblea Regional el pasado día 13 de julio, que puede verse en la web del Consejo. Allí animaba a un gran debate para conseguir una región innovadora, progresista, solidaria, participativa, transparente y con un Gobierno que dé respuestas a las demandas ciudadanas y deje sus aparentes condicionamientos con los grupos de presión dominantes. Queremos una Región de Murcia limpia de corrupción, de clientelismo y de tanto despilfarro en el gasto público.