Competencias propias, responsabilidades propias

 

La estrategia no es nueva en el PP de la Región de Murcia —siempre ha sido así cuando ha habido un Presidente socialista en La Moncloa—, pero desde la irrupción del covid-19 se ha acentuado: cuando vienen mal dadas, echar balones fuera, culpar al Gobierno central y transmitir mensajes de agravio al más puro estilo nacionalista.

La Región de Murcia accedió a su autonomía hace ya 38 años, el Partido Popular lleva gobernándola 25 años consecutivos, y han pasado más de 18 desde que se asumieron las competencias en Educación y Sanidad. Tenemos, pues, un Gobierno regional que es (o debería ser) “mayor de edad” en el ejercicio de sus responsabilidades.

Las Comunidades Autónomas no son Administraciones tuteladas por papá Estado. No era ese el espíritu del pacto constitucional de 1978, donde se sentaron las bases de un sistema cuasifederal con competencias propias —no delegadas— garantizadas por el Tribunal Constitucional y respaldadas por una autonomía financiera y presupuestaria que permite amplios márgenes de decisión sobre los gastos, pero también sobre el nivel de ingresos.

Al margen del debate sobre las bondades y debilidades de nuestro Estado de las Autonomías, y sobre sus posibles reformas y mejoras, lo cierto es que hoy es ese el marco constitucional vigente en el que cada cual debe ejercer sus competencias.

El Gobierno de España asumió durante la fase crítica de la pandemia sus funciones constitucionales, declarando el estado de alarma para todo el territorio nacional, centralizando algunas funciones (no todas) de las Comunidades Autónomas y asumiendo el mando único de la situación. Asimismo, se adoptaron medidas legislativas en ámbitos de competencia estatal para afrontar la crisis sanitaria y, sobre todo, sus consecuencias económicas y sociales. Ahí están, por ejemplo, los ertes especiales y las prestaciones para autónomos. Pero una vez finalizado el estado de alarma —recordemos que el PP lo votó varias veces en contra, pidiendo insistentemente su levantamiento— las Comunidades Autónomas volvieron a asumir la plenitud de sus responsabilidades en los ámbitos de su competencia, entre ellos el sanitario y el educativo. Era algo, por otra parte, reiteradamente reclamado por el Partido Popular y sus presidentes autonómicos desde que las cifras de la primera oleada empezaron a mejorar. Por eso no se explica que, nada más aparecer durante el verano los primeros rebrotes, en vez de planificar y realizar su trabajo, algunos dirigentes regionales como Fernando López Miras levantaran la mirada hacia Madrid y culparan al Presidente del Gobierno de todas sus dificultades y carencias.

Nuestro Gobierno regional administra un presupuesto anual de 6.000 millones de euros, y gestiona una plantilla de más de 50.000 empleados en servicios públicos tan importantes como los sanitarios, los educativos o la atención sociosanitaria de nuestros mayores. No es ninguna broma. Esto no va de si algo sale bien me cuelgo la medalla y, cuando algo va mal... Pedro Sánchez tiene la culpa. No es serio. Quien se pone al frente de una Administración debe ser plenamente consciente de cuáles son sus competencias y cuáles son, en consecuencia, sus responsabilidades. Lo demás es lloriqueo de malos políticos a quienes quizá el cargo les venga demasiado grande.