Muerte de un jornalero

El pasado 1 de agosto moría Eleazar Blandón Herrera, abandonado a las puertas de un centro de salud de Lorca tras sufrir un golpe de calor mientras trabajaba en el campo. No estaba dado de alta en la Seguridad Social. A sus 42 años, casado y con cinco hijos, había llegado de Nicaragua el año pasado buscando una vida mejor. Pero lo que encontró fue una muerte injusta y cruel, en unas circunstancias inasumibles en pleno siglo XXI.

Su muerte es el trágico exponente de una realidad que, si bien no es generalizada en nuestro campo, persiste con una frecuencia intolerable en una sociedad pretendidamente avanzada como la nuestra: explotación laboral y pésimas condiciones de vida y trabajo de muchos jornaleros en una actividad que, precisamente por ser esencial, no puede permitirse niveles tan altos de precariedad.

Por eso no se entienden las airadas reacciones de algunos representantes del sector cuando en mayo la Ministra de Trabajo anunció una campaña específica de la Inspección de Trabajo para detectar posibles casos de explotación laboral. Tal vez la Ministra se excedió al utilizar en sus declaraciones la palabra “esclavitud”, pero lo cierto es que esas inspecciones eran y son necesarias a la vista de los casos que de vez en cuando salen a la luz. Los primeros interesados en que se inspeccionen, detecten y sancionen esas malas prácticas son los agricultores que sí cumplen, que son la mayoría.

Como destacó la diputada regional socialista Virginia Lopo, no se puede criminalizar al sector agrícola en general ni desprestigiar la imagen de la Región de Murcia, pero muertes como las de Eleazar no se pueden repetir ni pueden quedar impunes. La Administración regional, competente en materia de agricultura y con la gestión de la seguridad y la salud laboral también transferida desde 1995, no puede permanecer ajena a realidades como esta.

En el campo murciano no hay, ni mucho menos, esclavitud en el sentido propio e histórico del término; pero, además de casos aislados de explotación, existen incumplimientos demasiado frecuentes de la legislación laboral y una precariedad estructural en las condiciones de vida, alojamiento y transporte que están cronificando una fuerte desigualdad social, y que hoy están resultando determinantes en la propagación del covid-19 entre trabajadores del campo y la industria agroalimenrtaria. La falta de una auténtica política de vivienda por parte de la Comunidad Autónoma también está mostrando ahora sus consecuencias.

Nuestro sector primario, para culminar el extraordinario proceso de desarrollo y modernización experimentado en las últimas décadas, debe acabar con los casos más o menos aislados de explotación que puedan subsistir, desterrar la economía sumergida y el trabajo irregular, y mejorar las precarias condiciones de vida que aún padecen algunos de sus empleados. Por su parte, los responsables políticos tienen que asumir sus funciones con determinación. Pero la muerte de Eleazar nos interpela a todos como sociedad. Hay mucho que reflexionar y demasiado trabajo por hacer. Mucho, todavía, por avanzar.